1. La fuente determina el verbo
Si una obligación aparece en una norma publicada y vigente, escribimos “es obligatorio”. Si aparece en un proyecto, escribimos “el proyecto propone” o “está en tramitación”. Si procede de una declaración política o noticia, no la elevamos a la categoría de norma.
2. Prioridad de fuentes
- Boletín Oficial del Estado y textos consolidados.
- Congreso y Senado para el estado de iniciativas legislativas.
- Ministerios y portales oficiales de participación pública para proyectos reglamentarios.
- Jurisprudencia y documentación institucional cuando sea relevante.
- Prensa y webs de terceros solo como contexto, nunca como sustituto de la fuente oficial.
3. Fecha visible de revisión
La normativa puede cambiar. Por eso los análisis sensibles incluyen una fecha de última revisión. No cambiamos la fecha solo para que un artículo parezca nuevo: la actualizamos cuando existe una revisión real del contenido o de sus fuentes.
4. Qué hacemos cuando hay incertidumbre
La decimos. Es preferible escribir “no hemos localizado todavía la publicación definitiva” o “el texto está en proyecto” a dar una fecha o una obligación que la fuente no permite afirmar.
5. La web no sustituye a un asesor
El registro de jornada puede verse afectado por convenios, acuerdos colectivos, situaciones contractuales y normas específicas. Nuestro contenido explica el marco general y la evolución normativa, pero no decide el caso jurídico de una empresa concreta.